Giro radical en el transporte público de Jalisco: anuncian una medida que cambia por completo el sistema

El Congreso de Jalisco anunció la creación de una Comisión Especial para auditar la calidad del servicio de transporte público durante los próximos seis meses. El órgano legislativo evaluará frecuencias, seguridad y el esquema de pago electrónico tras las recientes controversias tarifarias.

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La Comisión Especial , presidida por la diputada Claudia Murguía Torres, estableció una hoja de ruta técnica para determinar si el modelo actual cumple con los estándares de calidad prometidos.

Los puntos clave bajo auditoría legislativa incluyen:

• Tiempos de espera: Reducción efectiva del intervalo entre unidades.
• Saturación: Disminución de la aglomeración de pasajeros en horas pico.
• Infraestructura: Existencia de paradas y estaciones seguras, accesibles y dignas.
• Pago automatizado: Implementación de sistemas bancarios y recargas accesibles.
• Seguridad vial: Garantías de integridad para los usuarios durante los traslados.
• Información digital: Datos en tiempo real sobre rutas, derroteros y horarios de llegada.

Representantes de la sociedad civil y expertos técnicos condicionaron su participación a la transparencia financiera del sistema. El enfoque principal radica en el costo operativo y el manejo de datos personales de los usuarios.

Las demandas concretas para el ejercicio 2026 son:

• Costo Real: Publicación inmediata del análisis técnico que sustenta la tarifa de $11.
• Subsidios: Transparencia en la fuente presupuestal y mecanismos de auditoría trimestral.
• Derechos ARCO: Garantía de que la tarjeta única no condicione el servicio al uso comercial de datos privados.
• Condiciones Laborales: Vinculación de la renovación de concesiones al cumplimiento de seguridad social para choferes.

El Congreso del Estado de Jalisco determinó un periodo de dos semanas para presentar el plan de trabajo con indicadores de medición específicos. Este diagnóstico integral abarcará las dimensiones jurídica, operativa, económica, social y tecnológica del transporte estatal.

La Comisión cuenta con la participación de ocho coordinadores parlamentarios y diez integrantes del Observatorio Ciudadano. El informe final determinará la viabilidad de las políticas públicas actuales y las sanciones o ajustes necesarios para los concesionarios del servicio.

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