Barreras regulatorias frenan el nearshoring en la Ciudad de México, advierte México Evalúa
La Ciudad de México recibió 22,381 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) al tercer trimestre de 2025, lo que representa el 54.8% del total nacional, de acuerdo con cifras de la Secretetaría de Economía, sin embargo, el potencial reaudatorio podría ser mayor si se redujera la burocracia e incremntaran las inversiones en infraestructura, evidenció México Evalúa.
En su estudio ¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en Ciudad de México, presentado este martes, la organización evalúo los tiempos de resolución de trámites, normatividad e infraestructura para la actividad industrial con la que cuenta la capital.
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Para medir el impacto económico de la burocracia, México Evalúa calculó el Costo de Oportunidad. Se identificaron 23 trámites para 19 ramas económicas vinculadas al nearshoring, luego estimaron el valor agregado por unidad económica en cada sector y lo cruzaron con los tiempos máximos que establece la ley para resolver cada trámite.
Con base en la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), calcularon cuánto dinero deja de ganar una empresa si, en lugar de invertir su capital en el banco, tiene que mantenerlo detenido mientras espera la autorización gubernamental, dando como resultado entre 125,000 y 3.78 millones de pesos por unidad económica.
"Esperar tiempos máximos que establecen las regulaciones implica dinero que se pierde para las empresas en producir y dinero que pierde el gobierno en recaudar", explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del estudio, durante la presentación.
México Evalúa identificó 203 oportunidades de mejora en 19 regulaciones clave de la Ciudad de México, de estas, 77 corresponden a la falta de claridad sobre quiénes son los sujetos obligados y sus responsabilidades; y 116 relacionadas con criterios de resolución, medios de presentación y pagos de derechos que no están claramente especificados.
El estudio también detectó 10 áreas de mejora en facilidad para hacer negocios, vinculadas a restricciones en la apertura de nuevas empresas y libertad operativa, en contraste, no encontraron obstáculos en atracción de inversiones ya que el marco regulatorio local está totalmente alineado con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De 23 trámites previstos en las regulaciones, solo 13 están disponibles en el Registro de Trámites oficial, el 43% faltante genera incertidumbre jurídica y abre espacios a la discrecionalidad “si la regulación no es clara, puede favorecer a jugadores específicos del mercado o abrir espacios de corrupción” advirtió Ana Lilia Moreno.
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El 60% de los trámites vinculados al nearshoring se concentran en la etapa de apertura de negocios, esto significa que la mayor carga regulatoria para los empresarios está al inicio del ciclo productivo, justo cuando buscan arrancar operaciones.
Falta de infraestructura
La Ciudad de México carece de la infraestructura física para retener y expandir su base industrial, tal es el caso de Vallejo-i, el proyecto lanzado en 2019 para transformar Azcapotzalco en un clúster de innovación, logística y manufactura avanzada.
Entre 2019 y 2024, el polígono atrajo 18,336 millones de pesos y generó más de 11,500 empleos especializados con empresas como Bimbo, Honeywell, Stellantis y Heineken, sin embargo, la saturación del suelo industrial alcanzó el 99% de ocupación, lo que obligó al gobierno capitalino a canalizar nuevas inversiones hacia el Estado de México, Hidalgo y Morelos.
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Mientras el gobierno federal impulsa los trenes de pasajeros México-Querétaro y México-Pachuca, no hay un proyecto equivalente para el transporte de mercancías “un proyecto ferroviario de carga tendría un efecto directo en la competitividad de México, al reducir costos logísticos, ampliar la capacidad de distribución y fortalecer nodos como Pantaco y Vallejo-i”, plantea el estudio.
Acciones prioritarias
Ante representantes de la iniciativa privada los autores recomendaron modernizar la técnica jurídica de leyes y reglamentos; reducir la discrecionalidad en normas de movilidad y construcción; homologar y actualizar el Registro de Trámites; simplificar la etapa de apertura empresarial; e impulsar la digitalización y ventanillas integrales para agilizar procesos.
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