Morena vs. las plataformas digitales

A medida que ha avanzado el sexenio de Claudia Sheinbaum, se han intensificado sus intentos por controlar el contenido que se transmite en plataformas digitales, redes sociales y sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Primero, intentó controlar los contenidos y publicidad de origen extranjero, en la iniciativa de legislación en materia de telecomunicaciones. Luego impuso a las plataformas digitales la obligación de dar al Servicio de Administración Tributaria acceso directo y en tiempo real a sus operaciones, supuestamente con fines de fiscalización.

Después, la Presidenta instruyó a José Merino para que protegiera a las audiencias de la “desinformación”, como reacción a una publicación digital del periódico Reforma. Ahora lo ha vuelto a intentar con la iniciativa de reforma electoral, en la que incluyó nuevas reglas para el contenido generado con IA, y le impone a los concesionarios de radio y televisión y a las plataformas digitales, la carga de identificar y retirar los contenidos que las incumplan.

Desafortunadamente, ninguno de estos intentos regulatorios tiene como objetivo o trasfondo un interés genuino para proteger a los usuarios, como ocurre en Estados Unidos o Reino Unido, en donde se comienzan a cuestionar los efectos que las redes sociales o la IA tienen en la salud mental de los menores de edad, por ejemplo.

En el caso mexicano, la Presidenta ha sido muy transparente en sus motivaciones, y cada que emite estas iniciativas o gira instrucciones para que se prepare la regulación, reconoce públicamente su molestia ante los eventos que detonan su actuar, como los mensajes de Trump dirigidos a México, las publicaciones de notas que deterioraban la imagen de López Obrador, o el contenido generado por IA que no es favorable a ella, o a su partido. Es evidente que su motivación es controlar la crítica, o la “desinformación”, como ella le llama. Más que proteger a los usuarios, parece que su objetivo es conservar sus votos. Por eso sus iniciativas no se dirigen a plataformas de streaming, como Netflix o Prime Video, sino que apuntan directamente a redes sociales con un papel relevante en la difusión de noticias, como X, Facebook o YouTube.

El problema de la regulación para plataformas digitales es que por más estrictas que sean las cargas o prohibiciones, su ejecución es muy difícil, especialmente para las plataformas extranjeras. Incluso si el oficialismo impusiera sanciones económicas elevadas en la legislación, y aun teniendo control sobre los tres Poderes del Estado, las principales plataformas digitales que se utilizan en México, por lo general no tienen establecimiento permanente en nuestro país o, si lo tienen, suelen ser oficinas de representación para ventas con pocos activos de los que el Estado pueda cobrar alguna sanción.

Incluso las plataformas que han constituido sociedades subsidiarias en México, por lo general han delimitado y segmentado sus áreas de negocio. Google, por ejemplo, constituyó Google Cloud México, S. de R.L. de C.V., que se dedica a los servicios de computación en la nube, y Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., que se dedica a la venta de publicidad, según la información disponible en el Registro Público de Comercio. El objeto social de Twitter México, S.A. de C.V., por su parte, se limita a la venta de publicidad. Así, incluso si las autoridades mexicanas pretendieran sancionar, efectuar visitas de verificación o hacer uso de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de la ley de estas plataformas, su defensa legal es fácil y su riesgo es limitado, pues no es en México en donde tienen sus activos, cuentas bancarias, o en donde se desarrollen sus algoritmos o software. La legislación mexicana no prohíbe que se tomen acciones en contra de extranjeros, como Google LLC o Twitter Inc., pero su ejecución en territorio extranjero sería prácticamente imposible.

Mientras tanto, los concesionarios mexicanos, en especial de radiodifusión, son quienes realmente sufrirían los efectos de estos embates regulatorios, pues estos tienen sus activos, empleados, cuentas bancarias e infraestructura en México, y su sobrerregulación los hace más vulnerables frente a las autoridades.