Una nueva propuesta del gobierno federal en Estados Unidos, impulsada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), plantea restringir el acceso a los programas de vivienda pública casi exclusivamente a ciudadanos estadounidenses o a inmigrantes con estatus legal elegible.

La regla que apunta a limitar el acceso a la vivienda pública en Nueva York

De acuerdo con información de Associated Press, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó una propuesta normativa que limitaría el acceso a viviendas financiadas por la agencia a ciudadanos estadounidenses y a ciertos inmigrantes con estatus migratorio elegible.

La iniciativa, que fue publicada en el Registro Federal, exigiría que todos los residentes que viven en propiedades financiadas por el HUD presenten documentación que pruebe su ciudadanía o elegibilidad migratoria.

Actualmente, algunas familias pueden permanecer en viviendas subsidiadas aunque uno o más de sus integrantes no tengan estatus migratorio legal.

En esos casos, el subsidio se calcula de forma proporcional según cuántos miembros del hogar sí califican para recibir asistencia.

Sin embargo, la nueva regla pondría fin a esa posibilidad y obligaría a que todos los residentes cumplan con los requisitos, lo que en la práctica dejaría fuera del sistema a los hogares con estatus migratorio mixto.

La propuesta también ampliaría los requisitos de verificación para personas mayores de 62 años que anteriormente solo debían demostrar su edad para residir en este tipo de viviendas.

Bajo la nueva normativa, incluso estos residentes tendrían que demostrar su ciudadanía o estatus migratorio elegible.

Familias mixtas en riesgo de perder su hogar

Según reportó Associated Press, analistas y activistas temen que la medida termine por provocar desalojos masivos.

El Center on Budget and Policy Priorities estimó que hasta 20.000 familias (lo que podría representar cerca de 80.000 personas) podrían perder la asistencia para el alquiler si se modifica la normativa vigente, que ha estado en funcionamiento durante décadas.

Sonya Acosta, analista de políticas del centro, explicó que la medida colocaría a los hogares en una situación extremadamente difícil.

“Esta regla obligaría a 20.000 familias con estatus migratorio mixto a enfrentar una elección angustiante: perder la asistencia que les ayuda a pagar el alquiler cada mes o separarse para mantener el beneficio”, señaló.

El regreso a una política impulsada años atrás por la administración Trump

Según informó The New York Times, la propuesta del HUD retoma una iniciativa similar que había sido presentada durante el primer mandato de Donald Trump en 2019, pero que finalmente no se implementó.

El objetivo oficial de la política era reducir las listas de espera para acceder a viviendas públicas, ya que la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

De acuerdo con el departamento, los programas del HUD solo alcanzan a aproximadamente una cuarta parte de los hogares que cumplen con los requisitos para recibir ayuda.

Sin embargo, críticos de la propuesta señalaron en su momento que la política no solo afectaría a inmigrantes sin estatus legal, sino también a ciudadanos estadounidenses que viven con ellos.

El análisis del propio HUD realizado en 2019 estimó que más de 108 mil personas que recibían beneficios de vivienda estaban en hogares donde al menos un miembro no tenía estatus migratorio regular.

En total, más de 2,2 millones de personas viven actualmente en viviendas públicas en todo el país norteamericano, lo que muestra la magnitud potencial de cualquier cambio en las reglas de elegibilidad.

El posible impacto específico en Nueva York

Un análisis realizado por la Ciudad de Nueva York en 2019 —cuando se evaluaba una propuesta similar— anticipó que el impacto en la ciudad podría ser particularmente severo.

Según ese estudio, alrededor de 2800 hogares con estatus migratorio mixto que viven en viviendas públicas o reciben subsidios a través del programa Section 8 podían enfrentar desalojos o perder la asistencia si la normativa entraba en vigor.

En esos hogares vivían aproximadamente 11.400 personas; entre ellas, casi 4900 eran niños, además de adultos mayores y personas con discapacidades.

El informe municipal advertía que muchos de esos residentes eran ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con estatus legal que tenían derecho a recibir asistencia.

Sin embargo, el hecho de convivir con familiares que no pudieran demostrar elegibilidad los habría dejado fuera del sistema.