El gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó a implementar esta semana una Hoja de Ruta Electrónica (HRE) para empleados públicos que realizan tareas en la calle, fuera de su oficina habitual. El mecanismo, según pudo saber LA NACION, incorpora un sistema con GPS que permite registrar el momento en que el trabajador ingresa y sale de cada lugar donde presta servicio.

El sistema alcanza a empleados que desarrollan tareas fuera de oficinas administrativas, como auditores de hospitales y escuelas, trabajadores sociales y verificadores de arbolado. Si bien ya existía un mecanismo de control de presentismo para estas funciones, desde el viernes último se difundió un manual para que cada empleado registre el recorrido previsto para su jornada laboral.

La medida generó la reacción de la filial porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que envió una carta documento al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la ciudad, a cargo de Gustavo Arengo Piragine. En el reclamo, el gremio advirtió que cualquier intento de implementar sistemas de control de asistencia que impliquen el uso obligatorio de geolocalización o de dispositivos personales “vulneraría derechos laborales fundamentales”.

Frente a la denuncia, desde el Gobierno porteño aclararon a LA NACION que la ubicación en tiempo real se activa únicamente cuando el trabajador registra el ingreso y la salida de cada punto incluido en su recorrido diario. La herramienta alcanza a casi 10.000 empleados públicos, lo que representa alrededor del 5% de la planta estatal porteña.

“El sistema accede permanentemente a datos sensibles del dispositivo personal (ubicación en tiempo real, movimientos diarios), convirtiendo el teléfono privado en una herramienta de vigilancia continua. La geolocalización permanente revela aspectos íntimos de la vida personal (hábitos, relaciones, información privada, etc.), sin consentimiento libre ni proporcionalidad”, opinó Romina Piccirillo, dirigente de ATE Capital.

La sindicalista remarcó, además, que el sistema podría derivar en descuentos salariales si un trabajador finaliza antes de lo previsto y registra su salida.

“Nadie puede garantizar el 100% de operatividad de un dispositivo personal: fallos de batería, falta de señal GPS o robo generan ausentismo y descuentos injustificados automáticos”, agregó.

Desde el Gobierno insistieron en que la geolocalización del empleado no es constante, que sólo se activa el GPS del dispositivo cuando se ingresa y se sale de cada uno de los lugares de la hoja de ruta y que en un plazo de cinco minutos la sesión se cierra sola. Además, subrayaron que no afectará la remuneración en caso de que se concluyan las tareas antes.

“No estamos persiguiendo ni espiando a los empleados. El trabajador termina su tarea, se va y no hay ningún perjuicio económico”, marcaron en la administración porteña.

Reclamo formal

Sumado al reclamo público, ATE envió una carta documento a las autoridades de la Ciudad. En el texto, al que accedió LA NACION, dice que el “eventual cambio tecnológico para fines de control laboral constituye una modificación sustancial y unilateral de las condiciones de trabajo”.

Agrega, en tanto, que “la recolección, tratamiento y almacenamiento de datos de ubicación en tiempo real desde bienes personales excede las facultades de organización del empleador y resulta manifiestamente desproporcionado e irrazonable respecto de la finalidad invocada, comprometiendo la seguridad informática, la integridad de los datos personales y la esfera privada de los trabajadores”.

En ese marco, ATE pidió al Gobierno que incluya al gremio en una negociación para evaluar este tema.