Fue reprogramado el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Cuando faltaban seis días para abrir el debate y tras analizar un pedido del Ministerio Público Fiscal y de los abogados que representan a los hijos y hermanas de Diego Armando Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro reprogramó el inició del nuevo juicio donde se debe decidir si hubo responsabilidades penales en la muerte del astro mundial del fútbol.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Con los votos de los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani se decidió hacer lugar a lo solicitado por los acusadores públicos y privados. Se fijó una nueva fecha de inicio del juicio para el 14 del mes próximo.

En cambio, el magistrado Pablo Rolón votó en minoría por no reprogramar el debate.

“La significativa reducción del número detestigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate. Ello torna razonable otorgar a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial yplanificar la distribución de los testigos en las distintas audiencias. En tales condiciones, corresponde readecuar el cronograma inicialmente fijado, estableciendo una nueva fecha de inicio del debate y disponiendo su realización en dos jornadas semanales, modalidad que aparece, en principio, como la más adecuada para asegurar un desarrollo ordenado y eficiente de las audiencias. Ello sin perjuicio de que, de resultar necesario conforme el avance efectivo del juicio y la disponibilidad de la prueba, el Tribunal pueda disponer la realización de una tercera jornada semanal, en ejercicio de sus facultades de dirección y organización del debate, a fin de garantizar su adecuada continuidad y culminación en un plazo razonable”, sostuvo el juez Gaig en su voto, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

El presidente del tribunal también sostuvo: “Por otra parte, cabe señalar que la readecuación del cronograma aquí dispuesta no implica una alteración sustancial de la organización originalmente prevista para el desarrollo del debate, el cual desde su inicio había sido programado en tres jornadas semanales. Por el contrario, la significativa reducción del número de testigos -alrededor de un centenar- permite razonablemente prever una duración menor a la inicialmente estimada, circunstancia que refuerza la viabilidad del cronograma adoptado”.

Para finalizar dijo: “Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal. No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto”. El juez Ortolani adhirió al voto de su colega.

La semana pasada, en un escrito de cinco páginas, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren; los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes representan a Dalma y Gianinna Maradona; Luis Alberto Rey, Luis Matías Casanova y Eduardo Claudio Ramírez; letrados de Diego Armando Maradona Junior (el hijo italiano del astro), Félix Linfante y Gustavo Pascual, representantes de Jana Maradona; Pablo Jurado, quien lleva adelante los intereses de Nora, Rita y Ana, tres de las hermanas del 10, Marcelo Basilio Censori, a cargo de los intereses de Verónica Ojeda y Diego Fernando Maradona, presentaron una lista unificada de 92 testigos para debate.

“En ejercicio de las facultades de dirección de la acusación y a fin de contribuir a un debate ordenado, concentrado y eficiente, venimos por el presente a poner en conocimiento la reducción del listado de testigos oportunamente ofrecido, acompañando la nueva nómina que disminuye significativamente la propuesta inicial”, explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados de los particulares damnificados.

Y agregaron: “Nuestra decisión obedecea criterios de economía procesal, evitación de superposición testimonial y racionalización de la producción de prueba, particularmente respecto de testigos de carácter meramente formal, declaraciones que resultaran redundantes entre sí, y ratificaciones de actas no controvertidas o hechos ya documentados, cuya incorporación no aportará información sustancial adicional ni resultará imprescindible para la acreditación de los extremos de la acusación”.

Seguidamente, pidieron: “La nueva configuración de la prueba impone la necesidad de reorganizar integralmente la estrategia de litigación, en particular la planificación de los interrogatorios y la estructuración de temas por audiencias, por lo que entendemos que resulta conveniente readecuar el cronograma oportunamente fijado por el tribunal, tanto respecto de la fecha de inicio del debate como de las jornadas semanales en que el mismo se desarrollará“.

Tras la presentación hecha por los los fiscales y particulares damnificados, los magistrados le corrieron vista a las defensas de neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano perroni, el médico Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical, los siete imputados que serán juzgados en el debate.

“En relación a la readecuación del cronograma, sin perjuicio de que la postura de esta parte es que el debate no debe comenzar hasta tanto sean resueltas de modo definitivo las cuestiones que se encuentran a conocimiento del Tribunal de Casación Penal bonaerense, adherimos al planteo formuladopor los acusadores. En concreto, solicitamos la reducción a dos jornadas semanales y la postergación del inicio del debate, en razón de la necesidad de readecuar la estrategia a ser desplegada”, sostuvieron como respuesta los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Forlini.

D’Albora y Varela propusieron otros cuatro testigos. Y manifestaron: “En relación a lo manifestado en el escrito de los acusadores en cuanto aluden a testigos de la ‘internación domiciliaria’, consideramos necesario aclarar, al efecto de evitar confusiones al respecto, que la modalidad de atención en el domicilio de Tigre resulta una cuestión controvertida y sujeta a la producción de la prueba en el debate”.

En minoría

En cambio, el juez Rolón votó en minoría. “Me aparto respetuosamente de lo expuesto por mis colegas. Los propios requirentes, acusadores tanto públicos como privados han reducido la nómina de testigos a auditar en el juicio en el entendimiento que de ese modo se contribuiría a un debate ordenado, concentrado y eficiente. En ese norte, la postergación requerida no hace más que ir contra dichos postulados, perjudicando tanto a los acusados a quienes se les menoscaba el derecho a ser juzgados en un plazo razonable como a los particulares damnificados en su legítima pretensión de obtener una respuesta rápida de la administración de justicia“, explicó el magistrado.

Y agregó: “Asimismo, debo destacar que la producción y eventuales desistimientos de los testigos señalados por las partes y por los colegas que me anteceden puede llevarse a cabo válidamente durante el curso de las audiencias de juicio sin detrimento a su debida realización y sin afectar garantías constitucionales de imputados y familiares de la víctima. En ese marco, señalo que la postergación del inicio del debate se contrapone con el mandato constitucional de afianzar la justicia que este Magistrado ha jurado cumplir”.

Para finalizar, afirmó: “A ello se aduna, el cumplimiento de los mandatos convencionales que me impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño no sólo en cuanto a la tutela del interés superior de uno de los Particulares Damnificados sino a su derecho a obtener respuesta del sistema de justicia en un plazo que evite dilaciones indebidas. Por último y en consonancia con lo ya expuesto, agrego que deben mantenerse tres jornadas de juicio por semana a fin de propender a la celeridad en la celebración y culminación del debate en autos”.