Cuando el líder de la mayoría Sandro Marcos presentó su proyecto de ley para sancionar a los difusores de información falsa al inicio del 20.º Congreso en 2025, se propuso definir específicamente qué son las "noticias falsas".

Su proyecto de ley establece que las "noticias falsas" se refieren a "información falsa o engañosa presentada como hecho noticioso, difundida deliberada y maliciosamente para engañar al público, que puede sembrar confusión, incitar al odio o la violencia, o alterar el orden público".

La expresión "noticias falsas" —un elemento fijo en el léxico de la era de las redes sociales— ya no aparece en el proyecto de ley sustituto que pasó el comité de información pública de la Cámara y superó los debates plenarios de la Cámara pasada la medianoche del 27 de mayo.

El proyecto de ley revisado, que aún lo sitúa primero en la lista de autores principales, apuesta en cambio por definir la "desinformación", que es el término más preciso utilizado por los académicos.

Es solo uno de los muchos cambios en el proyecto de ley sustituto de la Cámara n.º 9645, pero es poco probable que las revisiones disipen los temores de los críticos de que esta medida sea utilizada como arma para suprimir la libertad de expresión, a pesar de las nuevas salvaguardas incorporadas en el nuevo documento.

De qué trata el nuevo proyecto de ley

El proyecto de ley que superó la segunda lectura en la Cámara —también denominado Ley Antiinformación Falsa de Medios Digitales— tiene los siguientes puntos destacados:

• Se dirige a la desinformación y la información falsa que representan un "daño público verificable" y una "grave amenaza a la seguridad nacional". Si bien estos conceptos se mencionaban en el proyecto original, la medida sustituta los utiliza como requisitos legales para la persecución penal.
• Prohíbe explícitamente las granjas de trolls que se dedican a comportamientos inauténticos coordinados.
• Prohíbe la difusión de contenido materialmente manipulado, por ejemplo, medios generados por inteligencia artificial, sin la divulgación adecuada, o creado para causar daño.
• Penaliza la coordinación con actores estatales extranjeros para operaciones de influencia encubierta, y la suplantación de entidades gubernamentales, mediáticas o de emergencia para difundir desinformación.
• Exime explícitamente de responsabilidad a quienes simplemente den "me gusta", compartan, reenvíen o vuelvan a publicar contenido "sin conocimiento real de su falsedad ni intención específica de causar daño público verificable".
• Obliga a las plataformas digitales —como una red de redes sociales, un servicio de mensajería y una plataforma de intercambio de contenidos— a mantener un representante en Filipinas y establecer un mecanismo para denunciar contenidos ilícitos.
• También obliga a estas plataformas digitales a divulgar públicamente el contenido patrocinado, los anuncios políticos y las campañas pagadas; y a presentar informes anuales de transparencia al Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DICT).
• Distingue a las plataformas en línea muy grandes en Filipinas (VLP-PH) —aquellas con usuarios activos mensuales promedio que representen al menos el 10% de la población nacional— y les encomienda someterse a una auditoría anual independiente, nombrar a un alto funcionario de cumplimiento y designar a un oficial de enlace ante el DICT para coordinar las solicitudes de eliminación de contenido, entre otras cosas.
• Establece una multa de hasta 2 millones de pesos y una pena de prisión de hasta 12 años para los infractores condenados.

Un proyecto de ley problemático

Nikko Balbedina, editor multimedia de PressOne.ph y miembro del grupo de trabajo técnico (TWG) para la medida, considera que el proyecto de ley sustituto es problemático a pesar de las mejoras "significativas" respecto a las propuestas anteriores.

Además de la propuesta de Marcos, el nuevo proyecto de ley consolida otras 16 medidas presentadas por alrededor de dos docenas de legisladores.

"La expresión 'noticias falsas' es un término erróneo. Las noticias son información verificada y contrastada procedente de múltiples fuentes. Si dices que son falsas, ya no son noticias", afirmó, expresando una creencia común entre los académicos de los medios de comunicación.

Balbedina ve la necesidad de una intervención gubernamental para combatir las mentiras en línea y los comportamientos inauténticos coordinados en materia de desinformación, e incluso acoge favorablemente las disposiciones del proyecto de ley que obligan a las grandes plataformas digitales a registrar una entidad en Filipinas.

Sin embargo, plantea preocupaciones sobre los amplios poderes que se otorgarán al gobierno una vez que el proyecto de ley sea promulgado como ley.

"En esencia, el proyecto de ley es fácil de usar como arma debido a su naturaleza punitiva. No queremos que el gobierno tenga el monopolio de la verdad", dijo Balbedina a Rappler.

Definiciones amplias

Sus reservas hacen eco de las manifestaciones de los legisladores de Makabayan durante los debates plenarios.

Lordan Suan, presidente del comité de información pública de la Cámara, quien defendió la medida en el pleno, insistió en que el proyecto de ley "no castiga la falsedad por sí sola".

"Requiere la convergencia de tres elementos independientes: conocimiento real de la falsedad o indiferencia imprudente ante la verdad, intención específica de causar daño y, por supuesto, un nexo demostrable con un daño público verificable o una amenaza a la seguridad nacional", dijo Suan.

Pero los legisladores de izquierda argumentan: ¿qué impide a un gobierno opresivo definir la seguridad nacional y el daño público en sus propios términos?

Las preocupaciones de Tinio y Co tienen su raíz en experiencias personales. Sus grupos han sido incesantemente tachados de comunistas —y demandados— por fuerzas estatales en los últimos años.

"Si escuchas a la Fuerza de Tarea Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local, a las Fuerzas Armadas de Filipinas, al secretario de defensa, dirían: 'Son terroristas, propagan noticias falsas, etcétera.' Luego está el tema del etiquetado rojo", señaló el representante de ACT Teachers, Antonio Tinio. "Este proyecto de ley definitivamente fortalecerá aún más al propio Estado."

"Por ejemplo, un funcionario del gobierno no podía entrar a la oficina porque había personas afuera pidiendo su renuncia. Luego dijo: 'No, esas afirmaciones de que soy parte de un esquema de corrupción son fraudulentas e incorrectas.' ¿Eso ya está cubierto por la disposición sobre 'amenaza a la seguridad nacional'?", añadió la representante de Kabataan, Renee Co. "Puede ser peligrosamente amplio y puede tener el efecto de criminalizar la protesta."

Si bien el proyecto de ley establece explícitamente que quienes simplemente dieron "me gusta" o compartieron contenido no serán penalizados, persisten las preocupaciones de que los individuos acusados aún tendrán que cargar con la carga de probar su inocencia ante los tribunales.

Estas batallas legales son costosas y a veces solo tienen por objeto acosar a las personas que son objeto de estos casos.

"Esto podría crear un efecto inhibidor", dijo Tinio.

"Su observación, válida o no, no se aplica solo a este proyecto de ley. Se aplica a todas las leyes. Porque nada impide que nadie presente demandas frívolas", argumentó el representante del 1.er Distrito de Bataan, Antonino Roman III, otro patrocinador plenario.

El papel del gobierno en el control de la información

Los legisladores de izquierda también señalan el papel del DICT, que será responsable de acreditar a los organismos de resolución extrajudicial de disputas (ODS) que presten servicios de resolución para las apelaciones de los usuarios en relación con las decisiones de las plataformas, y de acreditar a los "investigadores evaluados" que pueden acceder a los datos de las plataformas.

"¿Qué criterios utilizarán los investigadores evaluados como base? Y cualquiera que sea el sistema que acaben creando, ¿cómo garantizarán que será justo, imparcial y que no favorecerá, en última instancia, determinadas narrativas?", preguntó Co.

"Algunas personas dicen que las agencias bajo el poder ejecutivo están actuando de manera políticamente motivada, de la misma manera que lo hicieron bajo la administración anterior. Esa es nuestra preocupación", añadió Tinio. "En cuanto al DICT y sus poderes, francamente, creo que esos poderes son excesivos."

Roman dijo que la verificación de contenidos estará a cargo de verificadores de hechos independientes, no de investigadores evaluados.

Supuestas salvaguardas

En su haber, los autores del proyecto de ley revisado parecen haber hecho un esfuerzo por establecer un listón alto antes de que el Estado pueda actuar contra los difusores de desinformación.

Una sección enumera explícitamente los tipos de discurso que el proyecto de ley no puede regular: opiniones políticas, críticas al gobierno y a funcionarios públicos, sátira, investigación periodística, reportajes de investigación, criterio editorial, denuncia de irregularidades, defensa del interés público, comentarios, opiniones, discurso académico y expresión artística y religiosa, entre otros.

"Tampoco se utilizará para penalizar errores inadvertidos cometidos de buena fe y posteriormente corregidos, expresiones claramente identificadas como humor o contenido creativo, ni tendrá como objetivo a individuos o grupos que participen en una organización política legítima o en la defensa en línea", también señala el proyecto de ley.

Roman reconoce que la medida no es perfecta, pero insiste en que es un esfuerzo serio para abordar la desinformación.

"Si hacemos muy poco, los actores maliciosos pueden explotar los espacios digitales para causar daño en el mundo real. Si hacemos demasiado, corremos el riesgo de inhibir la expresión legítima y las libertades constitucionales. Nuestra tarea, por lo tanto, no es elegir entre la libertad y la responsabilidad, sino buscar un marco que proteja ambas", dijo Roman.

A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste: es un proyecto de ley propenso al abuso, especialmente por parte de un tipo de gobierno que no comprende lo que significa tener una democracia sana.

"La premisa de que el gobierno no puede ser confiado para implementar sus propias leyes es una premisa que invalida cada ley jamás aprobada. Y no es un argumento en contra de este proyecto de ley, sino un argumento en contra de la gobernanza misma", argumentó Suan.

Enfoque alternativo

Tinio no quiere este proyecto de ley, pero dijo que si la regulación fuera necesaria, debería estar a cargo de un organismo con "apariencia de autonomía", y no del DICT, una agencia bajo el poder ejecutivo, que, según dijo, puede ser politizada.

Para Balbedina de PressOne.Ph, el gobierno debería priorizar la educación sobre el castigo.

"Necesitamos revivir las materias de alfabetización mediática. Necesitamos empezar desde el kínder", dijo Balbedina. "Los niños hoy en día aprenden a usar teléfonos inteligentes incluso antes de aprender a montar en bicicleta o a correr al aire libre."

El informe del comité sobre el HB 9645 fue aprobado en la mañana del 26 de mayo, y fue abordado de inmediato en el pleno más tarde ese mismo día y posteriormente superó la segunda lectura. Curiosamente, el proyecto de ley sustituto ni siquiera había sido cargado en el sitio web de la Cámara cuando comenzaron las deliberaciones plenarias.

La rápida resolución probablemente se debe a que la Cámara solo tiene tres días de sesión restantes antes del próximo Discurso del Estado de la Nación del presidente Ferdinand Marcos Jr. en julio, y quiere aprobar la medida —clasificada por la administración como prioritaria— en tercera y última lectura en la Cámara antes de esa fecha.

Esto le da al presidente otra medida de la que enorgullecerse en su discurso anual, aunque el proyecto de ley de su hijo solo está a mitad del proceso legislativo, ya que el Senado aún no ha aprobado una propuesta equivalente. – Rappler.com