Un tribunal de París condenó este lunes a 30 años de cárcel al antiguo líder rebelde congoleño Roger Lumbala, al hallarlo culpable de complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003 en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). La sentencia fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, que la calificaron de “histórica”, aunque quedó por debajo de la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía antiterrorista francesa.
Lumbala, de 67 años, fue jefe de la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N), un grupo armado fundado en 1998 que operó con la complicidad de Uganda y el apoyo del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), entonces liderado por Jean-Pierre Bemba, hoy ministro de Transportes del país. El ex líder de la guerra estuvo presente durante la lectura del veredicto, tras haberse ausentado del resto del juicio por no reconocer la autoridad de la justicia francesa.
El tribunal lo declaró culpable “por orden, ayuda o asistencia” en relación con una amplia gama de atrocidades atribuidas a sus combatientes, entre ellas violaciones utilizadas como arma de guerra, esclavitud sexual, trabajos forzados, torturas, mutilaciones, ejecuciones sumarias, saqueos sistemáticos y explotación de recursos.
Detenido en París en diciembre de 2020 e imputado un año más tarde, Lumbala se convirtió en el primer rebelde congoleño condenado por un tribunal extranjero, después de que otros responsables de crímenes similares —Thomas Lubanga, Germain Katanga y Bosco Ntaganda— fueran juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La justicia francesa asumió el caso en aplicación del principio de competencia universal, que permite juzgar crímenes contra la humanidad con independencia del lugar en que se hayan cometido.
Durante un mes se auditaron los testimonios de víctimas y testigos que describieron la violencia ejercida por el RCD-N. Según la acusación, Lumbala ocupaba “una posición de autoridad” dentro del grupo y no solo se atribuía los abusos cometidos por sus tropas, sino que también participaba activamente en las operaciones, proporcionando municiones y diseñando ataques.
Una de las ONG involucradas en el proceso, TRIAL International, afirmó que el fallo es “decisivo en la lucha mundial contra la impunidad por las atrocidades masivas cometidas durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003)”. Su representante, Daniele Perissi, subrayó: “Este veredicto es histórico. Por primera vez, un tribunal nacional se ha atrevido a confrontar las atrocidades de la Segunda Guerra del Congo y demostrar que la justicia puede prevalecer incluso después de décadas de impunidad”.
También la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), parte denunciante en el caso, destacó el papel central de las víctimas. Su directora jurídica, Yasmine Chubin, señaló que mujeres que “sobrevivieron a la violación y la esclavitud sexual” durante el conflicto “rompieron décadas de silencio y estigma para testificar”. Y agregó: “Sus voces fueron fundamentales para la búsqueda de justicia por los delitos de violencia sexual, que siguen siendo, en general, poco procesados en situaciones de conflicto”.
Según la acusación, Lumbala ordenó atrocidades en el marco de una ofensiva conocida como ‘Limpiar la Pizarra’, llevada a cabo en las provincias de Kivu Norte e Ituri. La operación incluyó ataques indiscriminados contra la población civil y tuvo como objetivo eliminar a las milicias rivales del Movimiento Congoleño de Liberación Democrática (RCD-ML) para consolidar el control de territorios ricos en recursos naturales, sometiendo a la población local a condiciones de esclavitud.
Numerosos ataques estuvieron dirigidos específicamente contra comunidades étnicas, entre ellas la minoría Nande y los pueblos indígenas Bambuti. La llamada Segunda Guerra del Congo, que se extendió entre 1998 y 2003, fue uno de los conflictos más devastadores de África contemporánea, con más de un millón de muertos y millones de personas desplazadas.
(Con información de agencias)

