Balance de la libertad de expresión en América Latina en 2025

Aprovechando este inicio del año 2026 y dadas las circunstancias que hoy hacen repensar en los valores democráticos en nuestra región, me parece pertinente observar los grandes pendientes que la libertad de expresión tiene en nuestra región y por ello es pertinente decir que la libertad de expresión es uno de los termómetros más precisos de la calidad democrática. Cuando la palabra circula libremente, las sociedades pueden debatir, exigir cuentas y corregir abusos. Cuando se restringe, el deterioro institucional suele seguirle de cerca. En 2025, América Latina ofreció una imagen clara de esta tensión: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero constantemente puestos a prueba en la práctica.

En casi todos los países de la región, la libertad de expresión está consagrada en las constituciones y respaldada por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Corte Interamericana ha establecido estándares sólidos: no hay censura previa, el debate político goza de máxima protección y las restricciones deben ser excepcionales y proporcionales. Sin embargo, el problema central no es jurídico, sino político e institucional es decir la distancia entre la norma jurídica y la realidad cotidiana.

Uno de los indicadores más alarmantes sigue siendo la violencia contra periodistas. En países como México, Honduras y Colombia, informar puede costar la vida, especialmente cuando se cubren temas como corrupción, crimen organizado o abusos de poder. Las amenazas, agresiones y asesinatos no solo afectan a las víctimas directas, sino que generan un efecto de autocensura que empobrece el debate público. La impunidad en estos casos envía un mensaje claro: hablar tiene un precio, y el Estado no siempre está dispuesto —o es capaz— de proteger a quienes informan.

A esta violencia física se suma una forma más sutil, pero igualmente dañina, de restricción: el uso del derecho como herramienta de silenciamiento. En varios países persisten delitos penales contra el honor o se utilizan figuras legales vagas, como la “seguridad nacional” o el “orden público”, para sancionar expresiones críticas. Estas prácticas contradicen estándares internacionales que señalan que el derecho penal debe ser el último recurso y nunca un instrumento para inhibir el debate democrático.

A todo ello el entorno digital plantea desafíos adicionales. Las redes sociales han ampliado el espacio de expresión y permitido que nuevas voces participen en la conversación pública. Al mismo tiempo, los gobiernos han impulsado regulaciones para combatir la desinformación y los discursos de odio. Aunque estos objetivos son legítimos, en 2025 varias de estas iniciativas carecieron de controles claros y concentran un poder excesivo en autoridades administrativas, con el riesgo de que se transformen en mecanismos de censura indirecta.

Otro fenómeno preocupante del año pasado fue la estigmatización desde el poder. Periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos son frecuentemente descalificados como adversarios políticos o enemigos del Estado. Este tipo de discurso no es inocuo: debilita la confianza en la prensa, polariza a la sociedad y crea un clima hostil para el ejercicio de la libertad de expresión.

Pese a este panorama, la región no está condenada al silencio. En 2025 también se observaron contrapesos relevantes desde el ámbito judicial. Tribunales constitucionales y supremas cortes han reafirmado que la crítica al poder goza de una protección reforzada en democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, por ejemplo, ha reiterado que el discurso sobre asuntos de interés público y sobre funcionarios debe tolerar un mayor grado de escrutinio, incluso cuando resulte incómodo u ofensivo. De manera similar, cortes constitucionales en países como Colombia y Argentina han invalidado sanciones desproporcionadas contra periodistas y comunicadores, recordando que el uso del derecho penal o de medidas administrativas para castigar la expresión crítica tiene un efecto inhibidor incompatible con una sociedad democrática.

A pesar de ello la radiografía regional muestra una verdad incómoda: la libertad de expresión en América Latina no se encuentra garantizada por el simple hecho de estar escrita en la ley o tener alguna sentencia relevante en las Cortes Supremas. Su vigencia real depende de instituciones que protejan, de autoridades que toleren la crítica y de una ciudadanía que comprenda que defender la palabra ajena es, en última instancia, defender la propia. En 2026, el desafío no será redefinir este derecho, sino ejercerlo y protegerlo todos los días en contra de los constantes embates que están ocurriendo desde el poder en diversos países.