Gobierno encubridor

Hay un enorme debate sobre cuál es el problema más serio y grave de México. Para algunos, la corrupción enquistada que, a pesar de los discursos y las payasadas de “no somos como los de antes” (son ciertamente peores), permanece, se agranda y multiplica.

Para otros, el debilitamiento de la democracia con la desaparición de instituciones y organismos autónomos que nacieron como un contrapeso al poder presidencial.

Uno más es la brutal inseguridad que afecta a estados, ciudades, municipios, carreteras y múltiples negocios y empresas que, ante las amenazas, prefieren cerrar y desaparecer.

Pero hay otro problema esencial que impide el crecimiento de México, la consolidación de una democracia seria, con Estado de derecho y con rendición de cuentas: la impunidad.

Los políticos son corruptos y hacen negocios, y obtienen contratos, y reparten concesiones a sus allegados, porque no hay autoridad, ley o juez que los detenga.

Andrés Manuel fue tan mal presidente que se daba por descontada la protección absoluta que brindaba a los suyos, incluso, a sabiendas de que estaban sucios.

A juicio del expresidente, su aportación “al movimiento” era más valiosa y trascendente que algunos “pecadillos” y tranzas, a su consideración, menores.

Pero lo cierto es que no tocó a nadie; no encarceló a nadie durante su administración.

La cantada y sobada corrupción sirvió de lema y de perorata electoral, pero nunca se convirtió en una realidad el combate, la política, la concreción del sistema anticorrupción ya votado y legislado en el gobierno de Peña Nieto.

Al contrario. AMLO desmontó el sistema y dijo que era muy costoso.

Resultado: cero combate a la corrupción. Y ahí tenemos ahora los nuevos negocios morenistas, los senadores, las tierras, el huachicol y todo lo que se va descubriendo poco a poco.

No pasa nada porque prevalece la impunidad, la incapacidad de un sistema de justicia —ahora reformado— y de una Fiscalía General para combatir los delitos reales, los que afectan a la gente. No los políticos, esos que se valen de la justicia como un brazo de control y represión gubernamental.

Entonces, pues ahí están todos los visibles y los que no vemos. Los adanes, los rochas en Sinaloa y su compadrazgo criminal respaldado vergonzosamente por López y por Sheinbaum.

La presidenta parece que piensa mantener este manto protector a los corruptos, y tristemente también, a los incapaces.

Ahí tiene usted la designación del lamentable Francisco Garduño, este incapaz exdirector del Instituto de Migración, cuando la tragedia en el centro de detención en Ciudad Juárez provocó la muerte de 40 migrantes. Inaudito. Con investigaciones criminales sobre sus hombros, por negligencia y torpeza, la presidenta lo nombra al interior de la SEP como director de Centros de Formación para el Trabajo.

O el de la recién removida Josefa González Blanco como embajadora del Reino Unido, con solo 16 denuncias en su contra por acoso y maltrato laboral. Sheinbaum declara sin vergüenza alguna que “hizo un buen trabajo”.

En algún momento, esta protección de los corruptos e incapaces en Pemex, en el Infonavit, en la SEP, en el Senado o en los gobiernos estatales, le pasará factura a Morena como un movimiento de hampones e irresponsables.

Lo trágico es que afecta a los mexicanos, al erario y a vidas humanas.

Ahí tiene usted los trenes, o el histórico derrumbe del Metro cuando ella era jefa de Gobierno; tampoco concluyó en ninguna responsabilidad de funcionarios o servidores anteriores.

Morena es sinónimo de encubrimiento, de impunidad, de pertenencia a una organización que otorga credenciales —casi libres— para cometer faltas administrativas, legales, hasta criminales, y nadie hace nada.

Ahí está la locura de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, al encarcelar por capricho y sin sustento al rector de la universidad estatal por representar un punto de crítica o discrepancia con el gobierno.

La ilustrísima doctora por la UNAM parece hacer caso omiso a la ley, al desempeño profesional de servidores públicos y al combate real y auténtico contra la corrupción.

Todo por mantener unido a un movimiento por encima de los mexicanos.

¿Y México, presidenta?

Todo esto sin mencionar la más reciente e incisiva presión de Washington: los narcopolíticos. ¿A esos quién los va a perseguir, detener, identificar, procesar y tal vez expulsar como los últimos 37?

El gobernador Rocha es el más visible, pero ciertamente no el único.

El narcotráfico y el crimen organizado han penetrado la política y los partidos, sin distinción de color o membresía. ¿El gobierno no va a hacer nada? Exactamente igual al anterior.