Tres activistas prodemocracia de Hong Kong, Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho, enfrentarán a la Justicia local a partir de este jueves, acusados por incitación a la subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. Ambos son ex líderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, organización que durante décadas coordinó una vigilia anual en memoria de las víctimas de la represión en la Plaza Tiananmen de Beijing en 1989.
Albert Ho prevé declararse culpable según lo informado previamente por su abogado, lo que podría reducir la pena que enfrente.
Las autoridades los acusan de incitar a otros a organizar, planificar o actuar por medios ilícitos con el objetivo de subvertir el poder estatal. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
El caso se enmarca en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que ha reducido drásticamente el margen de protesta y las libertades políticas en la ciudad semiautónoma.
Mientras críticos sostienen que el proceso judicial evidencia el debilitamiento de la promesa de Beijing de mantener las libertades civiles al estilo occidental durante 50 años tras la devolución de la ex colonia británica en 1997, el gobierno local defendió que las acciones policiales se basan en pruebas y cumplen estrictamente con la legislación vigente.
En las primeras horas del día, varias decenas de personas aguardaron en fila frente al edificio del tribunal con la intención de obtener un asiento en la galería pública, pese a las bajas temperaturas.
Tang Ngok-kwan, ex miembro destacado de la alianza, permaneció en la fila desde la tarde del lunes y explicó que buscaba expresar su apoyo a sus antiguos compañeros detenidos. “Usan su libertad a cambio de una defensa digna. Se trata de rendir cuentas ante la historia”, manifestó Tang.
Por su parte, Chan Kim-kam, ex concejal de distrito prodemocracia y amigo de Chow Hang-tung, pasó la noche afuera del tribunal. “Necesitamos ser testigos de esto, independientemente de los resultados”, afirmó.
El juicio contra los ex líderes de la Alianza de Hong Kong estará presidido por tres jueces seleccionados con la aprobación del gobierno y se prevé que se extienda durante 75 días. La acusación presentará como pruebas vídeos relacionados con las actividades históricas de la alianza.
Chow Hang-tung, quien además de activista es abogada y ejerce su propia defensa, intentó en noviembre que se desestimara el caso argumentando que la fiscalía no especificó qué “medios ilícitos” se le atribuían. Los jueces rechazaron la solicitud, indicando que la fiscalía dejó claro que la expresión se refería a intentar poner fin al régimen del Partido Comunista Chino y a violar la Constitución china.
Según la explicación de los jueces, los acusados son señalados de promover el llamado a “poner fin al régimen de partido único” mediante la incitación al odio y la oposición hacia el poder estatal, con base en entrevistas y discursos públicos vinculados a la alianza, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en junio de 2020. Aunque reconocieron que la acusación tiene un alcance amplio, sostuvieron que los fiscales proporcionaron suficientes detalles a los acusados.
El tribunal aseguró que no permitirá que el proceso se utilice como herramienta de represión política bajo el pretexto de la ley. Se espera que esta semana la fiscalía exponga los detalles centrales de su caso.
Urania Chiu, profesora de Derecho en Oxford Brookes University, opinó que el proceso aborda directamente la libertad de expresión, ya que la acusación “se basa en el argumento de que el llamado general de la Alianza a ‘poner fin al régimen de partido único’ constituye subversión sin más, lo que equivale a criminalizar una idea, un ideal político que está muy lejos de realizarse”.
Por su parte, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, afirmó que el caso busca “reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de la represión de Tiananmen”.
La Alianza de Hong Kong fue reconocida durante décadas por organizar la única conmemoración pública de gran escala sobre la represión de 1989 en China. Hasta 2020, decenas de miles de personas acudían cada año al evento, que fue prohibido por las autoridades bajo el argumento de medidas antipandémicas.
Tras el fin de las restricciones por la COVID-19, el parque donde se celebraba la vigilia fue ocupado por un carnaval promovido por grupos afines a Beijing. Quienes intentaron conmemorar el aniversario en las cercanías fueron detenidos por la policía.
Antes de la disolución formal de la alianza en septiembre de 2021, la policía solicitó información sobre el grupo, aludiendo motivos razonables para sospechar que actuaba como agente extranjero, acusación rechazada por la organización, que se negó a cooperar.
En un caso separado, Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan y otro miembro clave de la alianza fueron condenados en 2023 por no proporcionar información a las autoridades, recibiendo una sentencia de cuatro meses y medio de prisión cada uno. Sin embargo, el tribunal superior anuló sus condenas en marzo de 2025.
Chow, Lee Cheuk-yan y Albert Ho permanecieron bajo custodia a la espera de la apertura del juicio, que fue aplazado en dos ocasiones.
Beijing defendió la ley de seguridad nacional de 2020 como necesaria para la estabilidad tras las protestas multitudinarias de 2019. La normativa ha resultado en la condena de decenas de activistas prodemocracia, incluido el empresario de medios Jimmy Lai el mes pasado, y ha llevado al cierre de numerosos grupos de la sociedad civil en la ciudad.
(Con información de Associated Press)


