Comisión Interamericana pide a los Estados combatir reclutamiento forzado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la Resolución 1/26 sobre crimen organizado y derechos humanos, en donde recomendó a los Estados de la región desarrollar ecosistemas de información y alertas tempranas entre entidades públicas para identificar riesgos y articular respuestas.

La CIDH indicó que se recomienda la participación comunitaria en estrategias preventivas que consideren impactos diferenciados en mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes, con énfasis en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales.

Además, se recomendó implementar medidas para prevenir el reclutamiento forzado infantil mediante fortalecimiento de sistemas de protección, educación y apoyo psicosocial, incluyendo identificación de riesgos en redes sociales y justicia restaurativa.

También, la identificación de zonas controladas por el crimen organizado a través de diagnósticos y georreferenciaciones es clave junto con estrategias de recuperación territorial que involucren a comunidades, aseguren presencia estatal y promuevan desarrollo en educación, salud y empleo, especialmente para grupos desfavorecidos.

Por otro lado, la resolución también abordó el uso de nuevas tecnologías para analizarredes criminales y proteger víctimas, así como medidas para prevenir daños ambientales causados por actividades ilícitas como la minería ilegal o el narcotráfico, que afectan derechos a un ambiente sano y a poblaciones indígenas y campesinas.

Grupos vulnerables

En cuanto al abordaje especializado de impactos en grupos vulnerables, se urgió adoptar medidas diferenciadas de protección con análisis interseccional y consulta a organizaciones representativas, incluyendo para mujeres, niños, indígenas, migrantes, defensores de derechos humanos y personas LGBTI. La CIDH recomendó tipificar autónomamente el reclutamiento forzado de menores, reconociéndolos como víctimas y asegurando sanciones proporcionales, investigaciones efectivas y reparación integral.

Para mujeres y niñas, se propuso mecanismos de identificación de riesgos, protección inmediata, programas comunitarios y investigaciones con perspectiva de género. Mientras que, la protección integral para defensores de derechos humanos debería incluir políticas para su seguridad, investigaciones de delitos en su contra y sanciones a autores materiales e intelectuales.