MANILA, Filipinas – La sala de primera instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el congelamiento del dinero que el expresidente Rodrigo Duterte llevaba consigo en el momento de su arresto. Esto está relacionado con su caso por crímenes de lesa humanidad vinculado a su violenta guerra contra las drogas.
Esta decisión fue mencionada por el abogado defensor de Duterte, Peter Haynes, en un documento hecho público el viernes 26 de junio, en el que el equipo responde a la solicitud de la fiscalía de acceder a los materiales bajo custodia.
"La Sala de Primera Instancia concedió la solicitud de la Fiscalía de congelar cualquier dinero que hubiera sido incautado y ordenó además al Registro que proporcionara un inventario de los artículos obtenidos del Sr. Duterte en el momento de su arresto", declaró Haynes.
El monto del efectivo incautado a Duterte no ha sido revelado públicamente. Fue arrestado en Filipinas en marzo de 2025 antes de ser entregado al centro de detención de la CPI en La Haya, Países Bajos.
La defensa había argumentado anteriormente que la solicitud de la fiscalía de congelar el dinero era "ociosa", o completamente innecesaria, porque "no tendrá ningún impacto práctico en el estado actual de las cosas".
Según el Registro de la CPI, el efectivo incautado permanece bajo la custodia del oficial jefe de custodia del centro de detención.
La fiscalía también solicitó al tribunal acceso a varios artículos incautados a Duterte en el momento de su arresto, incluido un juego de llaves.
El equipo de Duterte señaló que, aunque "no se opone" a la solicitud de la fiscalía, indicó que la solicitud de acceso a las llaves "está insuficientemente fundamentada y debería ser solicitada debidamente".
"La solicitud es, en esencia, una expedición de pesca", dijo Haynes. "La Fiscalía no presenta ninguna base probatoria que conecte las llaves con la comisión o la perpetuación de los presuntos crímenes, ni con ningún activo que pueda ser relevante para la investigación", añadió.
Duterte lleva más de un año bajo custodia de la CPI.
Está previsto que sea juzgado después de que los jueces de la CPI confirmaran en abril de 2026 el cargo de crímenes de lesa humanidad contra él en relación con su campaña antidroga, en la que al menos 6.000 personas murieron en operaciones policiales contra las drogas ilegales. Los grupos de derechos humanos, por su parte, estiman que la cifra podría alcanzar las 30.000 personas, incluyendo a quienes fueron asesinados al estilo de la justicia por mano propia.
El juicio comenzará el 30 de noviembre de 2026. – Rappler.com


